Interpretando un anhelo nacional, el gobierno del Pacto Histórico construyó una
política de paz total para poner punto final a la prolongada violencia, principalmente
estatal, que ha causado tanto dolor a millones de colombianos.
En esa perspectiva y después de una paciente labor, el gobierno suscribió ceses al
fuego bilaterales de carácter nacional con el ELN y las llamadas disidencias de Farc,
proceso que ha estado marcado por no pocos incidentes, que en su mayoría afectan
a la población civil, no comprometida en el conflicto armado.
El pasado 2 de noviembre el país fue sorprendido con la noticia sobre el secuestro del
padre del conocido futbolista Lucho Díaz, poco después el Frente de Guerra Norte del
ELN reconoció tener a Luis Manuel Díaz en su poder, que no solo viola el cese de
hostilidades, sino el derecho internacional humanitario. A este hecho se adicionan 30
secuestrados más en su poder y el confinamiento desde la noche del 6 de noviembre
de comunidades del Alto Baudó (Chocó).
Por su parte, las llamadas disidencias de Farc han anunciado la suspensión de la
mesa de diálogos con el gobierno, argumentando la presencia de la fuerza pública en
el municipio de Argelia Cauca. Estos grupos han venido atacando poblaciones
indígenas y campesinas provocando desplazamientos y asesinatos de líderes y
lideresas sociales.
Sectores como la iglesia han denunciado la connivencia entre sectores de las fuerzas
armadas y los paramilitares del Clan del Golfo en el Chocó y Córdoba.
La Unión Sindical Obrera -USO-, que viene organizando la III Asamblea Nacional por
la paz, condena la violencia persistente contra la población, exige el cumplimiento y la
lealtad con el proceso de paz a todas las partes, incluidos los empresarios y la
ultraderecha que continúa financiando el paramilitarismo y la guerra.
Llamamos vehemente a las partes a acatar el cese de hostilidades; al ELN a liberar
inmediatamente a todos los secuestrados y suspender los confinamientos de
comunidades; a las disidencias a mantenerse en la Mesa de Conversaciones hasta el
logro de unos acuerdos finales de paz, que a diferencia de los gobiernos anteriores
deben cumplirse integralmente por las partes.
No es hora de darle pretexto a la extrema derecha para que insista en su política
persistente de odio, muerte y guerra. El mandato de los colombianos es el sosiego y
la paz con transformaciones democráticas.
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ – USO
Bogotá, 07 de noviembre de 2023